En estos últimos 10 días el país aconteció cuatro masacres en contra de jóvenes del Pacífico Colombiano, una realidad que evidencia el recrudecimiento de la violencia en el territorio con una afectación directa hacia el desarrollo de la juventud. Las masacres ocurridas en estos últimos días en la frontera entre Cauca y Nariño, Llano Verde (Cali), Samaniego (Nariño) y Ricaurte (Nariño) – con el saldo de 19 vidas asesinadas- son muestras tacitas de esta afectación y han de ser un llamado inmediato a la protección del derecho a la vida por parte del Gobierno y las instituciones del Estado.
Los jóvenes enfrentan distintas amenazas ante la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales. El reclutamiento forzado, las restricciones de movilidad, la estigmatización y las agresiones físicas son algunas de las amenazas que afligen a la juventud del Pacífico. “Es triste que hoy a los jóvenes nos toque llevar el peso del conflicto armado, sufrir las violaciones de derechos humanos en los territorios, padecer el rigor y la barbaridad de una guerra sin sentido” expresa Jeison Palacios, líder juvenil del Consejo Comunitario Mayor De La Asociación Campesina Integral Del Atrato- COCOMACIA.
Según reporta la COALICO, los departamentos del litoral pacifíco son los más afectados por el reclutamiento forzado al ser una región en disputa por el control de economías ilegales. Aunque el reclutamiento forzado es una problemática con mayor ocurrencia en las zonas rurales,en ciudades con presencia de bandas criminales los jóvenes son una población en riesgo al ser objetivo para la configuración de redes de microtráfico, hecho denunciado por líderes del barrio Llano Verde (Cali) el pasado mes de enero.
Además de las complejidades por la inseguridad, “los jóvenes del Pacífico Colombiano a diario afrontan las desigualdades y las imperiosas necesidades que vive esta región, es así como no se cuenta con acceso a oportunidades laborales, educativas, deportivas entre otras. Más preocupante aún es que uno de los principales elementos que está afectando a los jóvenes es esa exclusión social que trae como consecuencia la elevación de los índices de pobreza”afirma el líder juvenil de COCOMACIA.
De acuerdo a los registros del DANE, en 2019 el promedio de desempleo de los departamentos de esta región fue del 10.1% de la población total, la tasa de desempleo juvenil fue 7,35 puntos mayor con un porcentaje de 17,45, donde el departamento más afectado fue Valle del Cauca con 19,7% de su población joven sin empleo, situación a agravarse como efecto de la pandemia en la economía.
Tanto el Gobierno Nacional, como los Gobiernos locales y regionales deben impulsar medidas que permitan una mejora en la calidad de vida y una respuesta efectiva ante la crisis de violencia que perjudica, en particular, a las generaciones más jóvenes. Jeison Palacios, joven afrocolombiano y líder de COCOMACIA manifiesta la importancia de implementar una política pública de juventud acorde a las necesidades del territorio, a las necesidades de los jóvenes y al sentir de los jóvenes. Así como de iniciativas que brinden oportunidades y la realización de un trabajo conjunto con los jóvenes para el desarrollo de un territorio, para el desarrollo de una nación.
Nos unimos a ese llamado de protección e inclusión social de los jóvenes. Sin una plena garantía de derechos, en especial hacia esta población, difícilmente podrán aflorar las transformaciones necesarias en el territorio. Si no se protege a quienes construirán el futuro, no podremos hablar de su existencia o de un avance como sociedad.
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* Esta nota se realiza con el apoyo del proyecto ‘ Redes para la garantía de los derechos a la vida e integridad de defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones afrocolombianas e indígenas del Chocó’ operado por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó – FISCH y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES, financiado por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.